El presidente Obama había emitido un
claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National
Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de
la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde
la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del
mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a impedir
su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la riqueza
nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington
terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas de
Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la
supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de
Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el
presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares
de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que
ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la
CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una
oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las
relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones,
Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin
embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de
organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for
Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican
Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la
Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a
sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch.
Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los
ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del
control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de
garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido
–a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus
redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador
Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex
presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes
Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José
María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa
Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes
enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de
esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y
el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados
entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la
escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante
las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el
presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone
sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente,
Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la
represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio
del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso
medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a
agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43
personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
La acción militar estaba bajo la
supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y
de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar
del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma
actualmente administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y
John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión
militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en
2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión
falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela,
debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre
los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de
Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado
por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los
putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la
capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin
Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios oficiales superiores, activos y
retirados, habían grabado de antemano un mensaje a la Nación anunciando que
habían tomado el poder para restaurar el orden en el país. También estaba
previsto que suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12
de febrero de 2015 en el diario El Nacional y redactado por el Departamento de
Estado estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo gobierno,
encabezado por la ex diputada María Corina Machado.
María Corina Machado fue presidenta de
Súmate, la asociación que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el
presidente Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel
momento– los fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los
servicios del publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota,
María Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush
en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa
en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María
Corina Machado se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
como jefa de la delegación de Panamá a ese foro continental y fue
inmediatamente destituida de su cargo de diputada por haber violado así los
artículos 149 y 191 de la Constitución de Venezuela.
Para facilitar la coordinación del
putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio
denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la
mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la
intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar
venezolana estaba vigilando a las personalidades sospechosas de haber fomentado
un complot anterior para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el
fiscal de Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique
Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño,
el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli, quienes
negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían sido
falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.
Al seguir la pista de estos
conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó». En la
noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente
del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la
capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día
20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro
cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
El presidente Nicolás Maduro compareció
de inmediato en televisión denunciando a los conspiradores. Mientras tanto, en
Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas
que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o
más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de Macedonia, al
declarar: «Esas acusaciones, como todas las anteriores, son ridículas. Es una
política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por
medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas,
constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno
venezolano trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a
Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los
acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan falta de
seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la grave situación que
está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de
Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando
los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado
crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente,
que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potenciar
imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación
Jericó» es un obligado tema de reflexión.
